- La sentencia, que ya es firme, mantiene los delitos de coacciones y la responsabilidad civil derivada de los hechos, marcando un precedente pionero en la Comunitat Valenciana
Valencia, 27 de febrero de 2026.- La Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado recientemente la condena por delito de coacciones a los dos activistas que interrumpieron una batida de jabalíes celebrada el 14 de febrero de 2020 en el Parque Natural del Desert de les Palmes, en el término municipal de Benicàssim. La sentencia, que ya es firme, mantiene tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil derivada de los hechos.
La resolución judicial considera probado que los condenados trataron de obstaculizar una actividad cinegética debidamente autorizada, utilizando silbatos y petardos y alterando vehículos de los cazadores, lo que afectó el normal desarrollo de la batida y generó un riesgo para la seguridad de los participantes por lo que les condena al pago de 3.327 euros. Asimismo, se ratifica la obligación de indemnizar al Club de Cazadores de El Desert por los perjuicios ocasionados.
Desde la Sociedad de Cazadores de Benicàssim, su presidente, Juan Marqués, ha mostrado su satisfacción por la firmeza del fallo y ha señalado que, tras un proceso largo y con numerosos trámites judiciales, finalmente se ha hecho justicia. Marqués ha destacado que “esta resolución supone un respaldo claro a la labor que desarrollan los cazadores dentro de la legalidad” y considera que “a partir de ahora, cualquier persona que pretenda boicotear o coaccionar una actividad autorizada se lo pensará dos veces”. Asimismo, ha querido agradecer expresamente “el apoyo prestado por la Federación desde el inicio del procedimiento, tanto en el ámbito jurídico como en la difusión del caso, subrayando que ese acompañamiento ha sido clave para poder llegar hasta el final”.
Por su parte, Juanjo Ferrer, delegado de la Federación en la provincia de Castellón, ha subrayado que “esta sentencia firme marca jurisprudencia en la Comunitat Valenciana” y envía un mensaje claro de que “las coacciones y los intentos de sabotaje contra una actividad legal no pueden quedar impunes”. Ferrer ha recordado que “las sociedades de cazadores desempeñan una labor fundamental en la gestión y control de especies como el jabalí, especialmente en espacios naturales y zonas próximas a núcleos urbanos, y que merecen respeto y protección institucional”.
Los grupos radicales no impondrán su ideología
Finalmente, la presidenta de la Federación, Lorena Martínez, ha sido especialmente contundente al afirmar que “no se puede permitir que grupos radicales traten de imponer su ideología mediante el acoso y la intimidación”. Martínez ha defendido que “la caza es una actividad legal, regulada y necesaria para el equilibrio medioambiental” y ha insistido en que “este tipo de conductas deben perseguirse con firmeza, y para eso nuestros servicios jurídicos están a disposición de nuestros clubes federados».
A su juicio, esta resolución “supone un antes y un después en la defensa del sector cinegético valenciano y refuerza la seguridad jurídica de todas las sociedades de cazadores de la Comunitat Valenciana frente a cualquier intento de coacción o boicot”.
