El Gabinete Jurídico de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana está estudiando acciones legales contra una persona que ha sido denunciada por irrumpir el pasado sábado en una batida en el Desert de les Palmes y que obligó a suspenderla. “No podemos tolerar que se produzcan estos hechos, vamos a ser contundentes y tomaremos las medidas correspondientes. La cancelación de esta batida conlleva muchas más cosas que el hecho de cazar”, señala Pablo Molina, delegado provincial de caza en Castellón.
El Desert de las Palmes es un paraje natural donde está prohibida la caza a excepción de actuaciones puntuales para la gestión de especies, que autoriza la administración. Cabe recordar que estas batidas se llevan a cabo por iniciativa de Conselleria para reducir la sobrepoblación de jabalíes y evitar o disminuir las problemáticas que produce una alta densidad de jabalí en el parque. “Los daños de paralizar una batida van más allá del simple hecho de suspenderla. Además de las pérdidas económicas que ello conlleva, supone un claro perjuicio para la sociedad pues está en juego la seguridad de las personas”. En este sentido, ha resaltado que “el colectivo de agricultores es uno de los principales afectados por la presencia de este animal en las áreas de cultivo con pérdidas millonarias”. Sólo en 2021, la fauna salvaje ha provocado un total de 35 millones de euros en pérdidas en los cultivos valencianos. .
El informe de Conselleria El jabalí: Análisis de la problemática en el Parc Natural del Desert de Les Palmes, refleja que existe una sobrepoblación de 25 ejemplares por km2. “Esta información nos lleva a calcular que dentro del parque hay una densidad superior a 700 jabalís”, señala Molina y añade que “la media de atropellos en la zona del Desert sextuplica la media provincial de 0,07 atropellos por km2, unas cifras que justifican de lejos la necesidad de un control para evitar cualquier daño mayor, como un fallecido en un accidente”.
La Federación de Caza, está estudiando todas las vías legales para evitar que esta actuación no quede impune, asesorando a los afectados y prestando los servicios jurídicos necesarios.
Estos hechos podrían haber sido disuadidos de haberse incorporado esta acción como infracción de la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad Valenciana, cuestión que fue solicitada por la propia federación y no fue atendida por la Administración.
