Cientos de cazadores vuelven a Madrid para pedir la dimisión de la Ministra Teresa Ribera

Cientos de cazadores, directivos y representantes de las federaciones de caza se han concentrado ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir la dimisión de Teresa Ribera por las políticas anticaza que están asfixiando al sector y su desprecio a la actividad.

En esta concentración liderada por una marea naranja que nació el pasado 20 de marzo, la RFEC y las federaciones autonómicas de caza han denunciado todos los ataques deliberados por parte de la ministra y del Gobierno al sector cinegético, que ha culminado con la intención de declarar a la codorniz como especie en peligro de extinción, lo que significaría la prohibición de su caza.

Los convocantes de la concentración han recordado a la ministra que este último ataque a la actividad se suma a la prohibición de controles poblacionales a partir de acciones cinegéticas en los Parques Nacionales, la reciente inclusión del lobo ibérico dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) o la prohibición de la caza sostenible de la tórtola europea.

Por otro lado, también se ha reclamado la indefensión que sufre el sector con su deficiente defensa en Europa, donde progresan las prohibiciones, ya sea del uso del plomo, del silvestrismo o de la caza de diferentes especies migratorias, además de la aplicación de la Agenda 2030, que propugna un modelo de conservación basado en la limitación de los usos tradicionales del mundo rural y por tanto su desaparición.

MINISTRA ANTICAZA

Durante la concentración, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Manuel Gallardo, ha entregado a través del registro del MITECO una carta donde se exponen todas estas reivindicaciones del sector y la petición de dimisión de la ministra por su absoluto desprecio a la actividad.

Gallardo ha destacado que Ribera debe dimitir del cargo que detenta “por su nefasta gestión y nulo compromiso del mundo rural, cuya actuación es totalmente ilegítima e impropia de un servidor público y que no puede sacrificar a una parte muy importante de la ciudadanía española con tal de contentar al Lobby animalista al que parece servir”.